De pobreza a injustícia energética
Por: Judith Seubas (Associació Banc d’Energia)
Cuando pasas frío estando en casa y te planteas si puedes o no poner en marcha la calefacción, cuando sufres porque no sabes si podrás pagar las próximas facturas de gas o electricidad, cuando te cuesta llegar a final de mes porque gran parte de tus ingresos se va para cubrir estas facturas… es que estás sufriendo una injustícia, de vulnerabilidad o pobreza energética. Si, además, a pesar de estar en Europa, vives en el estado que ha experimentado el mayor incremento de los precios de la energía en los últimos años, dónde el mercado eléctrico es más especulativo y, además, dependes de una administración que tienen dificultades para generar mecanismos eficaces de ayuda social -menos del 50% de los hogares con pobreza energética cumplen los criterios de acceso al bono social-, entonces la situación se complica y augmenta la injusticia.
Me diréis que eso no le pasa a mucha gente. Pues bien, los estudios indican que entre un 15% y un 29% de la población tiene problemas para mantener el hogar a una temperatura confortable o para pagar las facturas regularmente; o bien que estas le generan un gasto exagerado respecto a sus ingresos. Estas son unas cifras nada despreciables si las comparamos con otros indicadores de vulnerabilidad social.
Me diréis que la pobreza es un problema viejo, pero injusto. No es necesario ser una experta para deducir que probablemente toda pobreza incluye la energética, pero no al revés. Aun así, hay una relación directa. Ya nos podemos imaginar que cuando se sufre una situación de precariedad económica (dificultad de acceso al mercado laboral, sueldo bajo, imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones, etc.) probablemente hay también dificultades para mantener un acceso o un buen uso de los suministros básicos y, por tanto, hay riesgo de sufrir vulnerabilidad energética. Es decir, siempre “llueve sobre mojado”: cuando pasas demasiado frío o demasiado calor acabas para ponerte enfermo, tu salud empeora y sufres las consecuencias. Los últimos estudios indican que habitar en un hogar sometido a condiciones asociadas a la vulnerabilidad energética tiene consecuencias sobre la salud física y mental y, por tanto, sobre el bienestar y las oportunidades de mejora de las personas.
Me diréis que esto tiene que ver con la especulación del mercado de la vivienda, en el que los inmuebles no están bien aislados. Ciertamente hay que mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas, pero sobre todo hay que asegurar el acceso de las familias más vulnerables a viviendas sociales de máxima eficiencia energética.
Me diréis que es que la gente no se aclara con la factura, pero es que realmente es complicado descifrarla. Últimamente parece que haya que hacer una tesis doctoral para entender los precios, impuestos, peajes, etc. que aparecen en las facturas. En realidad, hace falta conocimientos, pero sobre todo hace falta información y transparencia en las cuestiones energéticas que determinan los precios de la energía; porque estos factores afectan directamente a la vulnerabilidad energética de las personas.
En el fondo, es una cuestión de derechos. Para acabar con la injusticia energética tendremos que garantizar derechos, para que la vulnerabilidad se sufre de forma combinada con dificultades de acceso a la vivienda y acceso a otros servicios y suministros básicos como luz, gas, agua corriente, telefonía o conexión a internet . Por ello, hay que asegurar y consolidar este derecho a unos suministros básicos y, sobre todo, hay que asegurar -porque también es un derecho- el acceso a la información y al conocimiento para hacer un buen uso con ahorro y eficiencia. Porque nos jugamos el futuro ambiental. Sólo una ciudadanía empoderada puede utilizar el conocimiento para tener un mayor criterio a la hora de reclamar cambios y revisar los conceptos incorporados a las facturas, los impuestos aplicados o los precios que determinan la generación, distribución y comercialización de la energía. Hay que proteger los derechos energéticos del la población y esto va ligado intrínsecamente a una transformación en profundidad del sistema energético con criterios de sostenibilidad ambiental y justicia energética y social.
* Pobreza energética en España 2018. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatal.